Más de 40 medidas para reducir las emisiones de CO2

Una estrategia para cumplir los acuerdos internacionales del control de las emisiones de CO2 ha sido tradicionalmente la de comprar derechos a otros países. Pero los altos costes y la falta de soluciones a largo plazo han llevado a la Oficina Española para el Cambio Climático, perteneciente al Ministerio del Medio Ambiente, trazar un plan para poder cumplir sin necesidad de acudir a aquella artimaña.

Este plan es la Hoja de Ruta 2013-2020 que incluye 43 medidas a aplicarse entre las empresas, particulares e instituciones. Los cálculos con los que cuenta la Oficina son que es necesaria una inversión público-privada hasta 2020 de cerca de 27.000 millones de euros.

De no adoptarse medidas, España superaría en 55 millones de toneladas las emisiones de sectores difusos fijadas por la ONU para el año 2020. Por ello, la institución ha ideado este plan centrado en seis áreas: residencial, transporte, agrícola, residuos, gases fluorados y la industria que no está sujeta al comercio de los derechos de emisión.

Los años de la crisis han traído consigo una reducción de las emisiones debido a la caída de la actividad. La subida del PIB con la que cuenta el Gobierno haría que la producción de CO2 aumente a partir de 2015. El objetivo de Susana Magro, directora de la agencia, es evitar que ambas curvas (producción y emisión) vayan de la mano. “Hay que evitar que se acoplen”, explica.

Las medidas se han propuesto tras el acuerdo con el resto de Ministerios, con ONG, asociaciones patronales y sindicatos. Las estimaciones que baraja la Oficina es que se cree empleo con esta inversión. En concreto, calculan 45.000 puestos de trabajo anuales. “Queremos generar eficiencia energética y empleo”, explica Eduardo González, subdirector de la institución para coordinación de acciones.

Las medidas, que van desde campañas de concienciación sobre el uso del transporte público y la bicicleta a la mejora de la eficiencia de los hogares, se espera que conlleven un ahorro de 21.000 millones de euros. Aunque la oficina no se atreve a dar una cifra exacta, calcula que entre será necesario una inversión pública en torno a los 8.000 millones de euros. Sin embargo, creen que tanto los Ministerios como las Comunidades plantearán incentivos para su cumplimiento.

El propio Ministerio de Medio Ambiente ya cuenta con el plan Clima, a través del cual da ayudas a empresas y particulares para la reducción de emisiones.

Algunas de las propuestas que hace la Oficina están ya en funcionamiento. Otras se irán instaurando en los próximos años. Todas ellas están trazadas gracias a estudios estadísticos y datos proporcionados por organizaciones y empresas responsables. Como anécdota, el Ministerio cuenta con un “macroexcel” en el que se consideran todas las variables como coste por unidad aplicada, creación de empleo, etc.

Esta herramienta permite que pueda se actualizada de forma “flexible y dinámica”, como se explica en el dossier que se presentó el 9 de octubre a la Comisión Interministerial de Cambio Climático.

Antes de cumplir con las imposiciones de 2020, tienen que terminar de cerrar las de 2013. Magro considera que, a falta de la confirmación oficial que llegará en primavera, se ha alcanzado el objetivo, aunque con la necesidad de compra de derechos a Polonia.

Con la mirada puesta en 2030

La hoja de ruta planteada por el Ministerio de Medio Ambiente tiene por objetivo sentar las bases estructurales para cumplir con los siguientes plazos. Principalmente ponen el ojo en 2030, siguiente plazo a cumplir.

Los cálculos con los que trabaja la Oficina Española para el Cambio Climático son que los ahorros acumulados hasta 2030 lleguen hasta 62.000 millones de euros “aunque no se hicieran más inversiones”, como explica Susana Magro.

Pero en la Oficina son conscientes que, de dejarse de plantear nuevas medidas, se volvería a incumplir con los límites que plantea la ONU.

Las variables para estimar el funcionamiento de las emisiones de cara al periodo 2020-2030 son infinitas.Sin embargo, Eduardo González comenta que ya se están preparando las líneas de trabajo para dicha etapa.

En definitiva, aunque el plan esté diseñado para acabarse dentro de 6 años, pretende sentar las bases para los póximos 14. Para ello, a estas propuestas se añadirán nuevas con el tiempo.

Fuente: Cinco Días